Los psicólogos jurídicos auxilian a los Jueces y Tribunales mediante el peritaje de las condiciones psicológicas de las personas (demandadas o demandantes), tanto como algo causal de un daño como para comprobar las secuelas psicológicas que puedan existir producto del hecho que se está juzgando.

Sería muy difícil concluir los términos sobre las condiciones psicológicas de las personas tan sólo mediante las preguntas que les puedan hacer los Tribunales, y por otra parte, no sería una visión objetiva de la situación mental de un individuo.

El perito psicólogo actúa como auxiliar de la Justicia mediante sus informes periciales, sustentados en la prueba pericial obtenida mediante pruebas psicométricas estandarizadas y la entrevista clínica que le acompaña.

A pesar de poder ser contratado por una parte, la labor del psicológo jurídico garantiza la objetividad de la prueba, no pudiendo en sus conclusiones, intentar beneficiar a una persona, tan solo poniendo de manifiesto la existencia (en caso afirmativo de forma pormenorizada) o no, de la existencia de una patología mental previa o sobrevenida al acto juzgado.

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