"Caso Juana": Una pequeña reflexión sobre el interés superior del menor

Reconozco que no he seguido muy de cerca el "Caso Juana", no soy consumidora de espacios televisivos al por mayor, sin embargo la repercusión mediática me ha llevado a intentar hacer un pequeño análisis puramente objetivo del tema.

Los Tribunales no son siempre justos, y por supuesto, jamás dejan satisfechas a todas las partes, eso es irrefutable. Sin embargo, hay un principio que rige en todos los litigios de custodia: el interés superior del menor. 

Cuando un tema de custodia está en los Tribunales, tenemos que tener considerar que,  además de los abogados de ambas partes, se tiene en cuenta el informe psicológico de la unidad familiar, que en algunos casos vendrá determinado por los informes periciales realizados y en otras muchas (la mayoría), se establece a partir de un informe del Equipo Psicosocial del Juzgado.

En estos informes se evalúa la aptitud parental de los padres y el estado anímico de los hijos, y se realizan pruebas psicológicas que van mucho más allá de una mera entrevista.

Yo no soy Juez, ni por supuesto, he tenido acceso al expediente de este caso, pero, y precisamente por ello, considero que no es un tema para ir arrastrando por los platós de televisión. 

Entiendo el dolor de una madre y su lucha (como a veces he visto el dolor de un padre). El maltrato doméstico y la violencia de género son actos que deben ser objeto de una actuación inmediata, y en España, a pesar de lo imperfecta que puede ser la Ley, una denuncia por malos tratos supone inmediatamente la detención de la persona que maltrata y su puesta a disposición judicial. ¿Es posible que se actúe siempre así y con esta madre no?

Yo no tengo la respuesta a esta pregunta, porque sólo conozco lo que cuenta la madre. Ayer tuve la oportunidad de verla en televisión, y me pareció extraño que tuviera tantísima fluidez verbal para responder a muchísimas preguntas y ante otras se callaba o decía que "eso lo sabían sus abogados". 

El único gran "pero" que pongo a esta situación es pensar, sólo por un momento, más allá de la simpatía o empatía que me pueda generar esta madre, es que la repercusión mediática de este tema, el poner su cara en todos los medios, va a suponer que esos niños sean "los hijos de Juana", o "los hijos de un monstruo maltratador".

Desgraciadamente ver algo por televisión nos hace formarnos una opinión sobre un tema, que no es en ningún caso objetiva, por la sencilla razón de no disponer de los datos suficientes. , 

La opinión pública no siempre es la mejor de las opiniones, especialmente si un caso es objeto de atención porque "vende".  Estamos presuponiendo que varios Tribunales (italianos y jueces españoles) no han hecho bien su trabajo, y que los periodistas conocen mejor unos datos y unos hechos que han sido analizados por una Fiscalía de Menores.

Yo no tengo ni idea de quien tiene razón, lo único que tengo claro es que hay dos niños que no van a poder pasear tranquilos de la mano de su madre o de su padre, porque ahora son "los hijos de Juana y del maltratador".

Tolerancia cero ante el maltrato, siempre, pero por favor, pensemos que es la Justicia la que tiene que actuar, y ojalá lo haga pronto y bien. Cuanto antes dos menores recuperen el anonimato y la tranquilidad, muchísimo mejor.

El DSM-5 como instrumento clarificador en procesos de Peritaje Psicológico

En Psicología, y en Psiquiatría se utilizan unos manuales de diagnóstico de trastornos mentales que sirven de forma de comunicación entre toda la comunicación científica respecto a la existencia de alguna patología.

Estos manuales se basan en criterios de cumplimiento de características patológicas para ser incluídos en una categoría. Habitualmente se utilizan el DSM-5 (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la APA, Asociación Americana de Psiquiatría), y el CIE -10, Que significa Clasificación Iternacionanl de Enfermedades.

Ambos sistemas clasificatorios coexisten e incluso en esta última versión del DSM, se utilizan los criterios numéricos expresados en el CIE para mayor integración.

Estos sistemas de clasificación son de gran utilidad en los procesos judiciales que requieren un peritaje psicológico forense, ya que al estar descrito cada criterio de inclusión y exclusión, supone una forma de ayudar a la Justicia en su toma de decisiones, al poder acudir a estos manuales para verificar los datos expuestos en los peritajes.

Conscientes de la importancia de este punto, el DSM-5 incorpora, por primera vez UNA DECLARACIÓN CAUTELAR PARA EL EMPLEO FORENSE

Ahorrándonos la extensión del texto, podemos subrayar como puntos fundamentales de esta declaración: 

1, Los criterios de diagnóstico del DSM-5 se formulan fundamentalmente para la evaluación y tratamiento desde el punto de vista clínico, sin embargo, también se utiliza en Juzgados y Tribunales para evaluar las consecuencias forenses de los trastornos mentales descritos.

2. El DSM-5 no incluye propuestas de tratamiento, ciñéndose a proporcionar información sobre el diagnóstico, con lo que su uso puede ayudar a los profesionales de la ley a tomar decisiones. De esta forma, cuando hay que tomar una determinación legal basada en la presencia de un trastorno mental, la aplicación de un sistema diagnóstico consensuado refuerza la validez y la fiabilidad de la determinación. 

3. El DSM-5 también ayuda al sistema legal a comprender las características relevantes de los trastornos propuestos por los Forenses, ya que la literatura relacionada con los diagnósticos ayuda a descartar la especulación o la falta de criterio en el diagnóstico realizado.

4. Por otra parte, la información que aporta el manual sobre la evolución del curso clínico de cada trastorno, ayuda a mejorar la toma de decisiones en cuestiones legales, respecto a la expectativa de funcionamiento futuro de la persona, 

5. No obstante el mismo DSM -5 advierte a los expertos forenses sobre las limitaciones que puede suponer la utilización exclusiva de este manual para dictaminar la existencia de un trastorno mental de forma textual, ya que puede existir un desajuste entre lo que la ley reclama respecto a la evaluación de la salud mental o existencia de un trastorno del individuo ya, que además de la existencia de dicho trastorno, es preciso ampliar esa información con énfasis en el grado de deterioro funcional de esa persona y cómo afecta a determinadas cuestiones (las que son objeto de interés legal) y cómo afecta este deterioro a las capacidades que se están juzgando. 

Por todo lo expuesto, el DSM 5 postula su utilización como herramienta de clarificación de las causas de los trastornos, los efectos que produce, siendo necesaria por parte del experto la ampliación de información clínica referida al caso que se está peritando, y haciendo la observación a aquellas personas que han de tomar las decisiones no clínicas, que un diagnóstico no implica unas causas concretas del trastorno mental del individuo, ni constituye a priori, una valoración del grado de control que pueda tener el individuo sobre los comportamientos que estuvieran asociados al trastorno. 

Cuando el divorcio no es un mercado persa

La co-parentalidad o modelo de custodia compartida se está extendiendo con fuerza por toda Europa. En España nos cuesta aceptarla, porque nuestro modelo familiar es tal vez más tradicional que el de los países anglosajones.

Tradicionalmente el divorcio con hijos suponía la custodia para la madre y un régimen de visitas más o menos extenso para el padre. Dependiendo de las posibilidades económicas de cada pareja, la cosa terminaba con uno viviendo en cada casa o en algunos casos el hombre viviendo en una caravana (llegó a prohibirse la pernocta en campings para hombres divorciados).

Hay que partir de la base de que un divorcio es una situación complicada en la que cada miembro de la pareja tiene sus propios sentimientos negativos (en algunos casos, puede existir también el sentimiento de culpa). Este modelo tradicional de madre con los niños, padre visitando a los niños ha supuesto una gran desventaja para los menores, que en muchísimas ocasiones han perdido la vinculación afectiva con su progenitor, al considerarle o bien el cajero automático de la familia o el culpable de todos los males familiares. 

Este modelo es absolutamente injusto en una sociedad actual en la que padre y madre trabajan y ambos colaboran en las tareas domésticas y en el cuidado de los hijos. Siempre habrá casos excepcionales y situaciones excepcionales, que son precisamente las que deben ser evaluadas para establecer la APTITUD PARENTAL de los progenitores.

En caso de que ambos hayan sido padres dedicados, que no significa exactos, porque el hecho de que la madre haga lleve a los niños a parque no la hace mejor que el padre que se queda haciendo la comida y poniendo lavadoras (esto es un reparto de tareas). Si ambos padres han optado por una responsabilidad responsable, las situaciones puntuales que han podido llevar al divorcio no son motivo a tener en cuenta para desposeer a uno de los progenitores de la custodia. Hablamos de padres, hijos y la responsabilidad y amor que demuestran hacia ellos.

Por esto los niños no deberían tener que pasar por el "trago" de ver que se quedan con uno de sus progenitores pasando el otro a ser "el de me toca". Cuando son pequeños les gusta más: si el padre tiene posibilidades económicas les colmará de regalos y no les castigará demasiado, total, para lo poco que ven a los niños... Esto conduce al papel de la madre sobrecargada y normalmente enfadada por tener que quedar como el ogro educando a los niños en solitario y llevándose lo que consideran la peor parte.

Los modelos de custodia compartida abogan por niños que pasan la mitad del tiempo con cada progenitor, dependiendo de las circunstancias económicas ambos pueden coger una nueva casa o ejercer su tiempo de custodia en la casa familiar sin mover al niño de su entorno. Este tipo de educación se considera más colaborativa, ya que responsabilidades, buenos y malos momentos, etc se pasan al cincuenta por cien. También los padres necesitan comunicarse más allá de un frío mensaje si surge algún imprevisto.

Económicamente resulta menos doloroso para los cónyuges y más fácil de asumir para los niños.

Esta situación se hace especialmente clara con hijos adolescentes: un padre/madre que ve a sus hijos dos tardes en semana y fines de semana alternos se dará pronto cuenta que los deberes invaden sus días intersemanales, que apenas tienen tiempo de comentar el día a día, y los fines de semana pasan de "padres" a "revientaplanes". Es ley de vida, todos hemos sido jóvenes y a todos nos ha llegado el momento de preferir estar con los amigos que con los padres.

La custodia compartida es dura, pero a la larga se puede convertir en una fuente de riqueza emocional para los niños, que van aprendiendo más de su padre y de su madre como seres individuales, además que los padres aprenden la esencia de la paternidad: desde el mismo momento en que nacieron, los niños son de ambos, aquí no hay quien sea más que nadie. 

Informes para solicitar la custodia a espaldas del otro progenitor: NO

Ante un proceso de divorcio con hijos menores, es frecuente que uno de los progenitores desee realizar un peritaje de los niños con objeto de demostrar la idoneidad de que le otorguen a él la custodia.

Acuden al psicólogo jurídico con la intención de realizar el peritaje de los niños sin consentimiento del otro progenitor, y esto no es posible realizarlo. De hecho, cualquier intervención sobre un menor, en el área jurídica o clínica precisa del consentimiento de ambos progenitores o una autorización judicial en caso de la negativa de uno de ellos. 

Por esto es importante que la persona interesada en llevar a cabo este proceso tenga en cuenta la diferencia entre un Informe pericial psicológico de (valoración de alternativas) de guarda y custodia; y otros títulos como: Informe psicológico pericial de competencia parental, Informe de relación paterno(materno)-filial y similares. Por tanto, en el caso de que no se trate de un «Informe de valoración de alternativas de guarda y custodia», porque no se valora a todo el conjunto de la unidad familiar, debe hacerse explícito.

La diferencia fundamental entre el informe pericial psicológico de valoración da alternativas de guarda y custodia y un infome pericial de competencia parental, radica, en un primer lugar en la aceptación o no por ambas partes de la valoración psicológica de los menores, ya que en el informe de competencia parental se evalúa la capacidad de uno de los padres para asumir la custodia de los niños, sin valorar a la otra parte ni a los niños de forma personal, siendo esta labor propia de los equipos psicosociales de los Juzgados, o en determinados casos, mediante peritaje privado solicitado expresamente al Juzgado de Familia que lleve el caso. 

A este respecto, el Código Deontológico del Colegio Oficial de Psicólogos, señala en su art. 25 la obligación de informar sobre la intervención al menor, al menor al progenitor no solicitante de la misma, ya que el incumplimiento de dicha obligación, y teniendo en consideración las obligaciones recíprocas de ambos progenitores con respecto al ejercicio de sus respectivos derechos de patria potestad, invalidaría los resultados, siendo rechazado por el Juzgado. 

Por ello el psicólogo siempre debe actuar de la siguiente manera:

1. Informar al progenitor no solicitante de la intervención del proceso que se va a llevar a cabo, invitándole a participar en todas las pruebas que se realicen, de forma que se consiga el objeto real de la pericia: el estudio de todo el entorno involucrado y la posibilidad de realizar un ajuste a las necesidades del menor en las distintas alternativas de guardia y custodia

2. El progenitor puede dar su consentimiento de forma fehaciente o permitirla mediante la no oposición a la misma (no comunicando su oposición en el tiempo marcado para ello).

3. En caso de que el progenitor se oponga a la evaluación de los menores, sólo se podrá intervenir sobre ellos mediante la autorización judicial.

Hay que tener en cuenta que estas medidas garantizan la protección del menor frente a la posibilidad de manipulación de uno de los progenitores, además de situar al niño en una situación comprometida al verse involucrado en un conflicto de lealtades (el niño a partir de los 6/7 años se preguntará por qué en esa evaluación no están presentes ambos padres). 

La imposibilidad de realizar esta evaluación con la oposición de la otra parte garantiza la imparcialidad del perito y promueve la colaboración entre ambos cónyuges de cara a recibir una opinión externa sobre la idoneidad de las condiciones de custodia, algo que debería ser lo perseguido por ambos progenitores en aras del superior interés del menor.